Los puntos de referencia internacionales muestran que la regulación puede acelerar la masificación del seguro cuando simplifica la forma de distribuirlo y permite operar con canales alternos y esquemas de comercialización masiva. En la práctica, esto significa reducir trámites innecesarios, aclarar responsabilidades y establecer reglas claras para que el seguro pueda llegar a más personas de manera segura. Experiencias como las de Colombia e India han demostrado que, cuando existe un marco ordenado y comprensible —sumado a productos simples—, es más fácil alcanzar segmentos que antes quedaban fuera: trabajadores independientes, pequeños negocios, zonas rurales y familias con ingresos variables.

El objetivo no es solo flexibilizar, sino lograr un equilibrio: ampliar el acceso sin debilitar la protección del consumidor. Para ello, la regulación cumple un papel clave en tres aspectos fundamentales: definir estándares mínimos de información —qué se debe explicar y cómo—; cuidar que las ventas sean transparentes, sin letras pequeñas ni promesas confusas; y asegurar la existencia de procesos claros para reclamos y atención. Cuando estas reglas están bien diseñadas, el mercado gana porque puede crecer, y el asegurado gana porque entiende lo que compra y sabe cómo utilizarlo cuando lo necesita.

Una segunda palanca es la creación de sistemas de datos compartidos o mecanismos de inteligencia sectorial que permitan identificar brechas, focalizar esfuerzos y diseñar coberturas más pertinentes. En términos sencillos, si el país comprende mejor dónde están los riesgos y dónde existe falta de protección, se pueden priorizar soluciones. Casos como Brasil ilustran que el acceso a datos de industria, bien gobernados y con resguardo de la privacidad, ayuda a tomar mejores decisiones tanto en el diseño de productos como en políticas públicas. Esto puede traducirse en tarifas más justas, mejores coberturas y acciones preventivas más efectivas, especialmente en ramos sensibles como salud, automóvil o riesgos catastróficos.

La innovación, sin embargo, necesita un camino seguro para probarse. Por ello, se suma la posibilidad de marcos flexibles de experimentación, como los entornos de prueba regulatoria. La idea es simple: permitir que soluciones nuevas se validen en un ambiente controlado, con métricas, límites y supervisión. Así se reduce la barrera de entrada para modelos innovadores —como ventas digitales, seguros embebidos o coberturas paramétricas— sin debilitar la supervisión ni dejar al consumidor desprotegido. Un entorno de prueba bien planteado obliga a demostrar resultados reales: calidad de la información al usuario, tiempos de respuesta, estabilidad operativa, manejo de datos y desempeño en siniestros.

De forma complementaria, la simplificación de pólizas —sin perder requisitos esenciales— es crítica para que el usuario comprenda coberturas y exclusiones. La mayoría de las personas no rechaza el seguro por falta de interés, sino por falta de claridad: contratos extensos, términos complejos y poca certeza sobre qué cubre y qué no cubre. Un marco regulatorio que impulse documentos más amigables —como resúmenes estandarizados, explicaciones de exclusiones comunes y ejemplos prácticos— puede elevar la confianza y reducir conflictos. Además, mejora el servicio: cuando el cliente entiende desde el inicio, el proceso de reclamo suele ser más ágil y menos frustrante.

La masificación también puede apoyarse en incentivos selectivos, como se observa en algunos mercados europeos, siempre que sean responsables y bien focalizados. Estos incentivos no se tratan de regalar beneficios, sino de promover la protección en áreas de alto impacto social o económico. Por ejemplo, pueden incentivar seguros que protejan el ahorro familiar, la continuidad de pequeñas empresas o la recuperación ante eventos severos. Junto con ello, son indispensables los mecanismos que fomenten la cultura aseguradora: educación financiera, campañas de prevención y alianzas con instituciones educativas y con el sector privado.

Finalmente, en algunos países se ha observado que ciertos seguros obligatorios, bien diseñados, pueden operar como un vector de aprendizaje. Esto ocurre cuando se implementan con reglas claras, supervisión efectiva, precios razonables y procesos simples. Su valor no radica únicamente en la obligatoriedad, sino en la experiencia: ayudan a que las personas entiendan el funcionamiento del seguro, ganen confianza al comprobar que responde y, posteriormente, demanden otras coberturas de forma voluntaria. Dicho de manera simple, cuando la población vive una buena experiencia con un seguro básico, es más probable que busque proteger también su salud, su hogar o su negocio.

En conclusión, una regulación habilitante para 2026 no busca complicar el sistema, sino hacerlo más claro, moderno y cercano. Si se combinan canales alternos bien regulados, pólizas más simples, datos con buena gobernanza y entornos de prueba controlados, el resultado será un mercado que puede crecer con orden y una población que puede protegerse con mayor confianza.