El aseguramiento de bienes públicos es una herramienta cada vez más reconocida como fundamental para la planificación fiscal y la resiliencia nacional. Guatemala, como país expuesto a fenómenos naturales y riesgos sociales, necesita integrar los seguros en la gestión pública, no solo como un mecanismo de transferencia de riesgos financieros, sino como una estrategia de Estado que fortalezca la continuidad de los servicios básicos y la estabilidad macroeconómica. Un evento sísmico catastrófico podría retrasar 10 años en el índice de desarrollo humano en el país.

Importancia estratégica

• Protección de infraestructura esencial: Hospitales, escuelas, carreteras, puentes y redes de energía representan la columna vertebral del desarrollo del país. Sin una cobertura adecuada, cualquier daño ocasionado por un terremoto, tormenta o incendio se traduce en elevados costos de reparación y, peor aún, en la interrupción de servicios vitales para la población. El aseguramiento de estos bienes actúa como un escudo que permite una recuperación más rápida y eficiente.

• Reducción de la presión sobre el presupuesto nacional: Los desastres naturales en Guatemala suelen tener costos millonarios que terminan financiándose con recursos fiscales de emergencia, préstamos internacionales o reasignación de presupuestos. Al contar con seguros, parte de esa carga se transfiere al sector asegurador, permitiendo que el Estado mantenga liquidez para atender otras prioridades. Esto no solo reduce la volatilidad en las finanzas públicas, sino que también genera confianza entre inversionistas y organismos internacionales.

• Impulso a estándares de construcción y mantenimiento: El simple hecho de asegurar bienes públicos incentiva mejores prácticas constructivas. Las aseguradoras suelen exigir medidas de seguridad, cumplimiento de normas sísmicas y planes de mantenimiento, lo que a mediano plazo eleva la calidad de la infraestructura nacional y disminuye los costos de siniestralidad.

Hacia una política nacional de aseguramiento

La inclusión sistemática de seguros en la planificación pública debe ser parte de una estrategia nacional de gestión de riesgos. Esta estrategia podría contemplar:

• Inventarios detallados de bienes públicos asegurables: Elaborar un registro nacional de hospitales, escuelas, carreteras, edificios gubernamentales y otros activos, incluyendo su valor estimado y nivel de riesgo. Con esta información, el Estado podría negociar pólizas más eficientes y garantizar que los recursos destinados al aseguramiento estén optimizados.

• Incentivos fiscales y normativos: Incluir en la legislación beneficios para las instituciones públicas que contraten seguros, o incluso destinar una partida específica del presupuesto nacional al aseguramiento de bienes críticos. Esto garantizaría continuidad más allá de ciclos políticos o cambios de administración.

• Alianzas público-privadas: La colaboración entre Estado y sector asegurador puede dar origen a productos innovadores, como seguros paramétricos para desastres naturales, que se activen automáticamente ante eventos medibles (por ejemplo, intensidad de un sismo o cantidad de lluvia).

Beneficios de la implementación

La adopción de estas medidas no solo protegería la infraestructura, sino que beneficiaría a toda la población, asegurando la continuidad de los servicios básicos tras una crisis. Un hospital asegurado puede reanudar operaciones rápidamente; una carretera cubierta por pólizas puede repararse en menos tiempo; una escuela con protección financiera garantiza el acceso a la educación sin largas interrupciones.

Además, un esquema nacional de aseguramiento de bienes públicos proyecta una imagen de responsabilidad y modernidad. Demuestra que el país apuesta por la prevención y la resiliencia, lo que puede mejorar su calificación de riesgo soberano, atraer inversión extranjera y generar estabilidad en el largo plazo.

En conclusión, el aseguramiento de bienes públicos debe considerarse un pilar de la política pública de gestión de riesgos en Guatemala. No se trata únicamente de proteger infraestructura, sino de garantizar el bienestar de millones de ciudadanos y la estabilidad financiera del Estado. Para las aseguradoras, este representa un campo de expansión que refuerza su rol social, mientras que para el país es una inversión estratégica que asegura continuidad, confianza y desarrollo sostenible.