Durante años, el abordaje frente a los accidentes de tránsito en Guatemala ha sido predominantemente reactivo: llegar tarde, estabilizar al herido, cubrir cirugías, subsidiar incapacidades y asumir rehabilitación —cuando existe—. El resultado es conocido: vidas interrumpidas y una carga económica que el sistema público de salud y seguridad social ya no puede absorber sin consecuencias. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) estima que un solo paciente con traumatismo craneoencefálico por no usar casco cuesta entre Q100,000 y Q120,000 solo en los primeros seis meses de tratamiento, sin incluir rehabilitación. Estos recursos, destinados hoy a la atención de siniestros viales, se restan de otras áreas críticas de salud pública.

El costo humano es aún más desgarrador. Entre 2009 y 2021 Guatemala perdió 568,000 años de vida productiva atribuibles a accidentes de tránsito, la mayoría relacionados con motocicletas. La edad promedio de fallecimiento es de apenas 33 años. No estamos perdiendo personas jubiladas; estamos perdiendo trabajadores en activo, madres y padres sostén de un hogar. La conclusión es clara: la prevención vial debe asumirse como una política de sostenibilidad social y financiera.

En 2024, el IGSS pagó alrededor de Q272 millones en subsidios por incapacidad temporal vinculada a accidentes, y su Programa de Cobertura de Accidentes registró 763,000 atenciones por incidentes laborales, viales y de otra índole. Este volumen representa una fuga continua de recursos. Desde la perspectiva aseguradora emergen dos conclusiones inmediatas:

• Es urgente avanzar hacia seguros obligatorios que distribuyan mejor el riesgo asociado a la movilidad.
• Cada quetzal invertido en prevención tiene un retorno directo en la sostenibilidad de los sistemas público y privado.

Transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo requiere coordinación entre el Estado, las aseguradoras y la ciudadanía. El Estado debe aplicar normas claras y sostenidas —casco obligatorio fiscalizado, controles de velocidad y sanciones efectivas—. El sector asegurador puede impulsar educación vial y fomentar comportamientos responsables mediante primas diferenciadas. La ciudadanía debe comprender que conducir no es un derecho absoluto, sino una responsabilidad compartida.

Un mensaje resume este cambio de enfoque: “Cada accidente tiene un rostro, una familia, una historia interrumpida.” Esta frase, adoptada por el IGSS, es más que retórica: sustenta un nuevo modelo de aseguramiento, basado en evitar que la historia se corte. El sector asegurador guatemalteco tiene la capacidad técnica y financiera para liderar esta transición.