Los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor de Q39,365 millones, el equivalente al 5.56% del PIB. Este drenaje financiero equivale a una crisis silenciosa repetida cada año.

Desde la óptica aseguradora, estas cifras muestran:

• Que la siniestralidad vial es uno de los principales generadores de presión sobre el gasto médico y la productividad nacional.
• Que existe un enorme margen para capturar eficiencia mediante gestión de riesgo asegurado.

Cuando la edad promedio de fallecimiento ronda los 33 años, las víctimas dejan dependientes sin sustento económico, trasladando al Estado y la sociedad una carga que antes cubría el propio ingreso de esa persona. Es el peor escenario actuarial: alta frecuencia, alta severidad y víctimas en plena edad productiva.

El mensaje para el sector asegurador es claro: invertir en seguridad vial no es solo reputación; es estabilidad técnica.