Las motocicletas son hoy herramienta de trabajo para buena parte de la economía: mensajería, reparto de comida, seguridad privada, servicios técnicos, entre otros. Este modelo flexible permite dinamizar la actividad productiva, pero con un costo no internalizado: la alta siniestralidad del motociclista.

El Hospital General de Accidentes Ceibal reportó en 2024 una asignación cercana a Q297 millones para la atención de incidentes relacionados con motocicletas. Este monto no solo representa gasto médico; es costo de operación país.

¿Qué sucede si parte de ese costo es absorbido por mecanismos aseguradores y no solo por el sistema público? Se libera capacidad hospitalaria, se reduce presión fiscal y se protege la continuidad productiva de quienes dependen de una motocicleta para generar ingresos. La movilidad segura, en este contexto, es competitividad económica.

El seguro deja entonces de ser “algo que compro por si me pasa algo” para convertirse en infraestructura económica básica, al mismo nivel que la electricidad o el internet. Un mercado con certeza jurídica sobre qué ocurre tras un accidente es más atractivo para la inversión formal.

Los accidentes de tránsito representan alrededor del 5.56% del PIB en pérdidas económicas (Q39,365 millones). Reducir siquiera una fracción tiene efectos macroeconómicos significativos.

La movilidad segura también genera empleo especializado: inspectores, actuarios, analistas de datos, ingenieros de tránsito, auditores médicos y peritos. Esto crea cadenas de valor alrededor del seguro y no únicamente dentro de las aseguradoras.

Finalmente, Guatemala necesita una autoridad técnica articuladora —similar al modelo español—. Sin una institución con mandato, presupuesto y continuidad, los esfuerzos se fragmentan en campañas aisladas que no transforman la realidad.

Hablar de movilidad segura no es solo hablar de salvar vidas; es hablar de sostener la economía del país y de construir un mercado asegurador sólido y sostenible.