Cuando se analiza el desarrollo de un mercado asegurador, una de las medidas más conocidas es la penetración: las primas de seguros expresadas como proporción del producto interno bruto.

Este indicador es útil para observar el peso relativo del sector asegurador en la economía y seguir su evolución. Sin embargo, no equivale al porcentaje de personas aseguradas ni indica por sí solo si las coberturas son adecuadas o cuántos hogares o negocios podrían recuperarse de un imprevisto.

Un nivel de penetración relativamente bajo puede sugerir que existe espacio para ampliar la participación del seguro en la economía. No obstante, sería incorrecto convertir este indicador, sin información adicional, en una estimación de la población desprotegida.

Un mismo volumen de primas puede corresponder a coberturas muy diferentes. Algunas personas o empresas pueden tener varias pólizas, mientras que otras no tienen ninguna. Además, el indicador puede cambiar tanto por la evolución de las primas como por la del producto interno bruto.

La brecha de protección es una idea más amplia que la penetración. En términos generales, describe la diferencia entre las pérdidas o necesidades económicas potencialmente asegurables y la protección efectivamente disponible.

Para una familia, esta brecha puede manifestarse cuando una enfermedad, un fallecimiento o un daño a su patrimonio la obliga a vender activos, endeudarse o interrumpir metas esenciales. En una MIPYME, aparece cuando un evento supera el ahorro disponible y compromete el inventario, el equipo, los ingresos o los puestos de trabajo.

No toda necesidad puede ni debe cubrirse mediante un seguro. Sin embargo, identificar qué riesgos exceden la capacidad económica propia es una parte importante de la educación financiera y de la planificación.

El periodo analizado, el alcance y la metodología de la fuente también importan. Una cifra internacional puede ser comparable entre países, pero no sustituye la información operativa del mercado local ni las encuestas dirigidas a hogares y empresas.

Cada publicación debería indicar el periodo analizado, la definición utilizada y las limitaciones relevantes, especialmente cuando los datos se convierten en mensajes de educación pública.

Para comprender la brecha de protección se necesitan varias perspectivas. Los datos de primas ayudan a observar la profundidad del mercado. La cantidad de personas o unidades económicas cubiertas informa sobre su alcance. La continuidad de las pólizas permite evaluar si la protección se mantiene.

La información sobre reclamos y tiempos de respuesta ayuda a analizar si la cobertura se convierte en valor para el asegurado. Las quejas y consultas pueden revelar fricciones. La desagregación territorial y por segmentos permite identificar a qué grupos no está llegando el mercado, siempre que el tratamiento de los datos tenga una base legal y una finalidad legítima, y cuente con medidas apropiadas de protección.

Guatemala cuenta con una nueva fuente oficial para analizar la inclusión financiera desde la perspectiva de los hogares. El Instituto Nacional de Estadística realizó la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares 2025 —ENIFH 2025—, que recopiló información sobre pagos, financiamiento, ahorro, seguros y educación financiera.

Sus resultados, bases de datos y documentos metodológicos ya se encuentran disponibles y pueden contribuir al diseño, al seguimiento y a la evaluación de políticas públicas, así como a una mejor comprensión del acceso y uso de los seguros. No obstante, su interpretación debe considerar las definiciones, el alcance y las limitaciones metodológicas de la encuesta.

La lectura responsable combina cifras con contexto. Una penetración baja puede indicar potencial de desarrollo, pero no explica por sí sola sus causas. Estas pueden relacionarse con el nivel de conocimiento, la confianza, los ingresos, la pertinencia de los productos, los canales de distribución, la experiencia de servicio u otros factores que deben investigarse.

Medir la brecha no consiste en buscar un número único, sino en reunir evidencia para responder una pregunta práctica: ¿qué riesgos relevantes continúan recayendo por completo sobre las familias y las MIPYMES, y qué barreras impiden transferirlos de manera adecuada?